Archive for febrero, 2013

PANELES SOLARES

Los paneles solares son dispositivos diseñados para captar la radiación emanada por el sol para su posterior aprovechamiento bajo un proceso de conversión de alta tecnología.

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Estos elementos se dividen en paneles de energía solar térmica que convierten la luz solar en calor, y en electricidad en el caso de los paneles fotovoltaicos.

Para la transformación de la radiación solar en energía térmica se emplean tres tipos de sistemas: de baja, media y alta temperatura. Los colectores de baja y media temperatura usualmente son placas planas por las que circulan un fluido, que se calienta a su paso para ser usado para calentar el agua y el aire; en tanto los de alta temperatura que concentran la luz solar usando espejos o lentes son generalmente usados para la producción de energía eléctrica.

Por otra parte, los paneles fotovoltaicos están constituidos con células que captan la luz para luego convertirla en energía eléctrica. A estas células se les denomina también celdas fotovoltaicas y utilizan el efecto fotovoltaico para absorber la luz solar y transmutarla.

Los paneles fotovoltaicos comúnmente utilizados en las viviendas o parques son generalmente de baja eficiencia debido al coste de fabricación de los mismos, pero el descubrimiento de nuevos materiales semiconductores ha elevado los estándares de calidad. En los laboratorios se han logrado eficiencias de más de 40%.

LUMINARIAS LED

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El consumo eficiente de la energía es el lema de las nuevas tecnologías, y las luminarias  han dado un gran paso en esta búsqueda con el desarrollo de los LED, productos que destacan por el ahorro efectivo de energía hasta en un 80%, frente a tecnologías tradicionales como las incandescentes.

Los LEDs pueden generan una luz direccional con alto IRC (Índice de Reproducción de Color), ideal para la iluminación de actividades comunes, de obras de arte y detalles de la decoración, con una vida útil de hasta 50 mil horas, disminuyen la necesidad de recambios frecuentes y los gastos de mantenimiento; además, proporcionan una gran ventaja por su versatilidad en el desarrollo artístico de diseños de iluminación.

Entre otros beneficios, la eficacia luminosa de los LED se alcanza a los 75 lúmenes/w, cuando la eficiencia luminaria que conocemos se logra a los 150 lúmenes/w en una lámpara; por su baja temperatura de funcionamiento, con muy reducida emisión de calor, minimiza los riesgos de incendio; elimina la fatiga visual causada por el efecto estroboscópico y especialmente se desecha sin dañar el medio ambiente a diferencia de las lámparas de descarga que contienen mercurio por lo que no deben ser tratadas bajo estándares estrictos que no se cumplen mayormente.

Sin embargo, los LED con sus grandes ventajas no son los emisores más empleados en líneas generales, debido aún a su alto precio que con el paso del tiempo se espera continúe disminuyendo. Señalan los especialistas, y resaltan a su vez, que se convertirá en un elemento masivo cuando la energía empiece a encarecer, y solo las tecnologías más convenientes sobrevivan mientras otras se descarten.

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PLOMO Y MERCURIO CONTAMINAN EL NAPO

En las cuencas de los ríos Napo, Cararay y Arabela, en Loreto; se han hallado metales pesados (plomo, mercurio y aluminio) que contaminan el agua y los peces que son consumidos por las comunidades que habitan el lugar.
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El informe “Metales pesados en la cuenca del Napo y su efecto en el ser humano” expone que la contaminación podría tener origen en la minería ilegal o en las siete concesiones de hidrocarburos ubicadas en los alrededores.

El estudio efectuado, en setiembre de este año, que implica un examen neurológico a los habitantes de las comunidades de San Fernando, San Jorge y Rango Isla del Río Napo y San Rafael del Río Cururay;  reveló la presencia de altos niveles de mercurio en el cabello de las 125 personas examinadas, de las cuales aquellos entre 5 y 15 años fueron los más sensibles a la absorción. Además, se señaló que los peces de mayor consumo en la zona exceden el límite máximo permisible de mercurio y metilmercurio.

Las medidas preventivas tomadas por la población frente a esta realidad comprende una dieta alterna en base a aves de corral y peces de piscigranjas; sin embargo, no todas las comunidades están informadas de la contaminación de las aguas y siguen consumiéndola y exponiéndose a los graves peligros, como daños en el sistema nervioso (cerebro, visión), sistema inmunológico y cardiovascular.

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LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

“En aras de la gobernabilidad el ordenamiento territorial (OT) es indispensable, porque bajo  esta medida debidamente implementada se clasifican los espacios, ya sean como mineros, pesqueros, turísticos o acuícolas; con el fin de regularizar  la actividad económica  de la población”.

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Desde tiempos de  la ministra Mercedes Araoz como titular del MEF se anunció la promulgación de la ley de ordenamiento territorial; a la cual el presidente Ollanta Humala también haría mención y, a la que además se sumaría Ricardo Giesecke desde la cartera del Ministerio del Ambiente, en su momento. Entre tantos comentarios y comunicados  explotó lo de Conga, y hoy no se habló más del tema.

En gran parte del Perú, y hay que decirlo de manera rotunda, la ocupación ha sido espontánea, guiada por la lógica del mercantilismo o por las motivaciones de los grupos de interés o de poder. Este tipo de ocupación han producido desequilibrios y disfunciones espaciales en aspectos demográficos, socioeconómicos, laborales; e incluso, para actividades de infraestructura y equipamiento, dando lugar a acciones económicas desvinculadas del medio, con un comportamiento insostenible a largo plazo, de destrucción de recursos, degradación ambiental, uso desordenado del suelo e irresponsable exclusión social.

Por ello, el ordenamiento territorial constituye una búsqueda de racionalidad y sentido de oportunidad en la ocupación del espacio nacional y en el aprovechamiento competitivo y articulación de los recursos naturales, humanos e institucionales.

El ordenamiento territorial es un proceso político, en la medida que involucra la toma de decisiones concertadas de los actores sociales, económicos, políticos y técnicos para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio. Asimismo es un proceso de normatividad inteligente y lógico; es a su tiempo, agregaríamos, una preocupación técnico-administrativo porque orienta la regulación y promoción de la localización y desarrollo de los asentamientos humanos, de las actividades económicas, sociales y del desarrollo físico espacial.

Pensar en el desarrollo supone proyectarse en el espacio, teniendo en cuenta sus características y la forma en que este viene siendo ocupado para reorientarlo según los fines y metas que proyectemos a futuro.

Adolecemos de un plan territorial, lo que ocasiona el mencionado crecimiento espontáneo, anárquico, teniendo como resultado una organización del territorio poco eficaz e injusto para la mayoría de la población.

LAS REGIONES

Uno de los temas que genera mayor debate es el de las regiones. Se necesitaría, de manera apremiante, un marco legal transversal e intersectorial específico para desarrollar un proceso eficaz y eficiente de OT que permita un nuevo modelo de burocracia y de gestión para las regiones que serán espacios de inversión, de desarrollo y competitividad. No obstante, las regiones que deseen convertirse en entidades territoriales, previamente deberán transitar una etapa de preparación y ensayo como Regiones Administrativas y de Planificación.

En este orden de ideas es imprescindible e impostergable la dación de la ley de ordenamiento territorial, que genere mayor integración y productividad en cada región para proyectos de mitigación de riesgo medioambiental; esto evitaría en las provincias, el disperso desarrollo municipal, logrando alcanzar una planeación estratégica definida sobre intereses comunes de carácter macro.

En este marco, la gestión territorial optimizaría la aplicación de los criterios de compensación y subsidiariedad en los lugares que más lo necesitan, lo que permitiría a su vez una mejor distribución de los recursos de los Fondos de Inversión de la Nación, de manera proporcional.

Por otra parte, la Ley buscaría promover alianzas estratégicas de entidades territoriales que generen economías de escala y proyectos productivos, evitando la duplicidad de tareas y esfuerzos aislados de territorios colindantes.

La Ley deberá ofrecer un marco general para un nuevo modelo de desarrollo territorial, apropiado para el crecimiento socioeconómico equitativo de las regiones del país, para beneficio de todas sus entidades territoriales, en los términos del buen Gobierno, que implica equidad a la hora de distribuir los recursos, la más absoluta transparencia, concurrencia del nivel nacional con las entidades territoriales, esfuerzo fiscal,  mayor inversión y ahorro de costos y gastos.

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GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE significa modificar y asumir nuevas actitudes y comportamientos, de tal manera que la sociedad mejore su forma de vida y de trabajo.  Los problemas ambientales municipales como botaderos, basurales clandestinos, deterioro y contaminación de las áreas verdes, agua, aire, suelo, entre muchos otros, afectan seriamente la calidad de vida de las personas y originan permanentes desafíos  a la gestión municipal.

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El medio ambiente constituye el entorno  en donde las personas desarrollan sus actividades día a día. Como resultado de las interacciones entre las personas, el medio ambiente y sus elementos naturales y no naturales (las ciudades, las construcciones, etc.) se producen una serie de problemas que en la actualidad constituyen serios desafíos para la gestión ambiental municipal, la sostenibilidad de los recursos naturales y la gobernabilidad para desarrollo local a cargo de las municipalidades, pero también, la responsabilidad es para los ciudadanos quienes deberán poner a prueba sus valores, cultura y modo de interactuar con el medio ambiente.

En ese contexto la gestión ambiental cobra significativa particularidad como componente de apoyo para la gestión municipal, en la medida que las municipalidades constituyen organismos centrales en el proceso de la descentralización del Estado, al frente de las políticas y programas de  desarrollo a nivel local, lo que les impone una clara responsabilidad en el marco de elementos clave, como procesos de planeamiento participativo con la sociedad civil para que los gobiernos municipales asuman con responsabilidad los desafíos de poder servir a su comunidad; pero también de educarlos, creando las bases para enfocarse en un proceso responsable de autogestión para el cuidado del ambiente, promoviendo el desarrollo sostenible bajo una visión de gestión ambiental con responsabilidad.

1.- La Gestión Ambiental Municipal

La Gestión Ambiental Municipal en el marco de las políticas públicas de obligatorio cumplimiento y las que se buscan mediante el proceso de descentralización a través del fortalecimiento de la democracia, la gobernabilidad del Estado y la eficiencia de la administración pública para el desarrollo; busca acercar la acción del Estado al ciudadano y a sus necesidades y prioridades.

De esta manera, el rol de las municipalidades en este contexto es el de liderar y articular precisamente esa diversidad de actores, fuerzas, acciones y decisiones  dentro  de visiones y marcos estratégicos diferentes, y consensuarlos con la finalidad de alcanzar el desarrollo local; eso supone una mejora en la calidad de vida,  bienestar,  equidad e integración cultural del capital social y humano, el desarrollo ambiental, el desarrollo económico y el desarrollo político; vinculado a la gobernabilidad del territorio y a la definición de un proyecto colectivo específico, autónomo y sustentado en las necesidades de quienes ocupan el territorio o de los propios actores locales.

Como parte de la gestión que las municipalidades participativamente deben construir para contar con una gestión ambiental adecuada e inclusiva es necesario fortalecer la institucionalidad de esta gestión ambiental, a través de dos instrumentos que aseguran así la continuidad de las actividades a favor de los recursos naturales y la protección del ambiente en el marco de un desarrollo local concertado y participativo, estas son: a) Sistema Local de Gestión Ambiental – SLGA y b) Comisión Ambiental Municipal – CAM y eso se logra si es que los gobiernos locales  en aplicación de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; la Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y su reglamento, y la Ley General de Ambiente, Ley N° 28611; establecen la conformación de un Sistema Local de Gestión Ambiental – SLGA (formalizado mediante Ordenanza Municipal) como instrumento de gestión de nivel local y que las municipalidades deben cumplir con implementar para estructurar un marco adecuado para la gestión ambiental municipal y como marco orientador para el ejercicio y el buen cumplimiento de las competencias y responsabilidades que la función municipal requiere.

En su más amplia concepción ha de suponer acciones permanentes, desarrolladas por un conjunto de actores públicos, privados y de la sociedad civil; liderados por la municipalidad, que a través de un conjunto de políticas, planes, programas y proyectos y dentro de marcos legales adecuados, recursos económicos, técnicos y humanos disponibles, aplican diversos instrumentos de gestión que apuntan significativamente a prevenir el deterioro del medio ambiente y a mejorar su calidad para las futuras generaciones.

2.- Capacidades y competencias municipales sobre la gestión ambiental

Los gobiernos locales son esencialmente organismos descentralizados del Gobierno encargados de la prestación y gestión de servicios públicos a la población de su territorio, los cuales se dirigen fundamentalmente a brindar condiciones para el desarrollo y bienestar de sus habitantes.

En lo que se refiere a la gestión ambiental, su función principal se orienta a lograr el bienestar de todos sus pobladores estableciendo políticas, desarrollando instrumentos de gestión, llevando a cabo inversiones e incentivando a la planificación y la participación de todos los actores públicos y privados para impulsar el crecimiento económico, la  protección y uso sostenible de los recursos naturales, la prevención y minimización de los riesgos y vulnerabilidades ambientales, y el bienestar y la calidad de  vida de su población.

Dispositivos legales como la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización; la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; la Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental  y Ley General de Ambiente; Ley Nº 28611; establecen en principio el marco adecuado para el ejercicio de las competencias y responsabilidades de las municipalidades en materia de gestión ambiental de los recursos naturales.

El Ministerio del Ambiente – MINAM, como autoridad nacional ambiental y en su calidad de ente rector del SNGA, de la Política Nacional Ambiental – PNA  y de la Ley General del Ambiente, fomenta, propone y evalúa las competencias municipales en materia ambiental, pero más allá de su función normativa, coordinadora y evaluadora; despliega singulares esfuerzos para apoyar a los gobiernos locales en la construcción de sus procesos de administración y el ejercicio de sus competencias ambientales para fortalecer la gestión eficiente y eficaz sobre los recursos naturales de sus jurisdicciones.

Los nuevos enfoques para una gestión ambiental municipal demandan el mejoramiento cualitativo y cuantitativo de capacidades de gestión para el cambio, como visión para gestionar los recursos ambientales y los nuevos desafíos de administrar para la vida, la salud, la seguridad y el desarrollo. Dentro de este proceso, las municipalidades juegan un rol preponderante en virtud de ser el nivel de gobierno más cercano al ciudadano, por tanto, el desarrollo de capacidades de los funcionarios responsables de gestionar dichos aspectos constituye una prioridad.

Lo que implica para el gobierno municipal, estructural y funcionalmente, acometer dichas tareas para trazar el diseño de un modelo organizacional orientado a un enfoque por procesos interrelacionados, más que a un enfoque fraccionado sobre la base de funciones, potenciando sus niveles de ejecución para favorecer la toma de decisiones en forma ágil que asegure el cumplimiento eficaz y eficiente de sus fines y objetivos. Por ello, el desarrollo de capacidades de gestión ambiental debe insertarse en un amplio marco dado por la adquisición de una visión holística sobre recursos ambientales y de gestión integral en sus funcionarios.

3.- La Sociedad Civil y el Sector Privado

La capacidad de los gobiernos municipales para generar y fortalecer espacios y procesos participativos para que la sociedad civil y el sector privado tomen parte en la planificación y toma de decisiones es esencial para consolidar la gestión y gobernabilidad ambiental. Dado que la variable ambiental tiene carácter transversal a la gestión de otros sectores, y al mismo tiempo su propia complejidad que inciden en el carácter, dinámica e impactos de la gestión ambiental, es importante generar flujos adecuados de información, comunicación y coordinación entre los diferentes actores, sea al interior de la institución municipal, con entidades del gobierno central o regional  o con el sector privado y la sociedad civil.

Gestionar estos aspectos requerirá en todos los integrantes del equipo municipal de gestión, el desarrollo de capacidades y competencias para afrontar los desafíos de una moderna gestión ambiental municipal, que contribuya no solo a la gobernabilidad sino al bienestar, a la satisfacción de necesidades y la mejora del nivel de vida de la población.

4.- La Comisión Ambiental Municipal – CAM

Es la instancia de participación ciudadana creada por la municipalidad, mediante Ordenanza Municipal, para coordinar acciones permanentes desarrolladas por un conjunto de actores públicos, privados y de la sociedad civil, miembros de esta comisión liderados por la municipalidad, que a través de un trabajo conjunto sobre políticas, planes, programas y proyectos y dentro de marcos legales apropiados, recursos económicos, técnicos y humanos disponibles, elaboran, aplican e implementan diversos instrumentos de gestión que apuntan significativamente a prevenir el deterioro del medio ambiente y a mejorar su calidad.

En nuestro país, los procesos participativos en los diversos procesos de gestión se dan basados en normas establecidas con ese objetivo, sin que esto signifique que exista la suficiente madurez en relación a la vida en democracia. Muy por el contrario, estos procesos participativos no se muestran como escenarios claros con funciones y competencias definidas. Si es cierto que las leyes que los crean les dan roles definidos en el ejercicio de sus funciones, estos son confundidos con las expectativas de los actores públicos y privados.

Si a esa situación se le suma la falta de voluntad política existente en muchos lugares por no conformar esas instancias, no hacer que funcionen efectivamente, conjuntamente con el no promover la participación ciudadana o el no involucrar a los actores sociales y económicos en el cumplimiento de los acuerdos asumidos; además de la precaria situación de la estructura organizativa de la sociedad civil, en la que no existe una real representación de la ciudadanía y que los elegidos no se vinculen con sus electores;  se constituye en parte del déficit de desarrollo democrático  y de vida social que muestra en la actualidad el Sistema Local de Gestión Ambiental, lo que hace que este tenga un débil aporte en su rol de espacio concertador y movilizador del desarrollo sostenible.

La Ley General del Ambiente señala en el Artículo 59º que los Gobiernos Regionales y Locales ejercen sus funciones y atribuciones de conformidad con lo que establecen sus respectivas leyes orgánicas. Para el diseño y aplicación de sus políticas, normas e instrumentos de gestión ambiental de nivel regional y local, éstas deben tener en cuenta los principios, derechos, deberes, mandatos y responsabilidades establecidos por ley y las normas que regulan el Sistema Nacional de Gestión Ambiental; además del proceso de descentralización y todas las normas referidas a la regulación de la gestión ambiental, protección de los recursos naturales, la diversidad biológica, la salud y la protección de la calidad ambiental.

En este contexto, la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, D.L. Nº 1013 establece como uno de sus objetivos, el promover la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones para el desarrollo sostenible; y define que el sector ambiental comprende, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental como un sistema funcional, el cual integra al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Sistema Nacional de Información Ambiental, Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídrico; precisando que forman parte de este sistema todos los sectores del ejecutivo, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, bajo la coordinación del Ministerio del Ambiente por ser este el organismo rector de la implementación de la Política Nacional del Ambiente.

Por otro lado, si asumimos el principio de subsidiariedad, el cual reconoce que el gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer la competencia o función que se requiera para sacar adelante a la localidad, y por consiguiente el gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas más eficientemente por los gobiernos regionales, y estos, a su vez, no deben hacer aquello que puede ser ejecutado por los gobiernos locales; se entiende que son los Gobiernos Regionales y Locales, los responsables inmediatos de implementar las políticas ambientales dentro del Sistema Nacional de Gestión Ambiental en sus respectivas jurisdicciones.

De esa misma manera, las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo integral local que representan a su comunidad y promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su jurisdicción; responsabilizando a estas instancias de gobierno de la promoción del desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida para su población.

En ese sentido, previamente a lo expuesto sobre la institucionalidad ambiental que una adecuada gestión ambiental municipal debe tener, y que se encuadra exclusivamente en aquellos aspectos vinculados al  funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental –SNGA, el cual tiene por finalidad orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la aplicación de las políticas, planes, programas y acciones destinados a la protección del ambiente y contribuir a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; podemos decir que el inciso 6) del Artículo 195º reformado de la Constitución establece que las municipalidades planifican “el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial”.

Por su parte, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972,  en su Artículo 73º prescribe que las facultades en materia de planificación de las municipalidades provinciales, las cuales comprenden planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el nivel provincial. De otro lado, el Artículo 23º de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, prescribe que corresponde a las municipalidades promover,  formular y ejecutar  planes de ordenamiento urbano y rural, en concordancia con la Política Nacional del Ambiente, considerando el crecimiento planificado de las ciudades, así como los diversos usos del espacio de su jurisdicción, de conformidad con la legislación vigente, para evitar que actividades o usos incompatibles, por razones ambientales, se desarrollen dentro de una misma zona o en zonas colindantes dentro de sus jurisdicciones. También deben asegurar la preservación y la ampliación  de  las  áreas verdes urbanas y periurbanas con las que dispone la población.

El “Principio de Participación” a que se refiere el numeral 1.12 del Art. IV de la Ley Nº 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General, alude a la obligación de las administraciones de poder extender las posibilidades de participación de los administrados y de sus representantes, en aquellas decisiones públicas que les puedan afectar, mediante cualquier sistema que permita la difusión, el servicio de acceso a la información y la presentación de opinión. Nuestro ordenamiento jurídico garantiza la participación de los administrados, sean sujetos individuales o colectivos, y al efecto compromete al conjunto de entidades a fin que se les brinde las condiciones necesarias para: acceder a la información administrativa, presentar opiniones, se organicen audiencias e informaciones públicas y puedan controlar la prestación de los servicios públicos.

5.- Desafíos que enfrentan las municipalidades en la gestión ambiental

Dada la transversalidad del tema ambiental en la gestión municipal, los roles de los gobiernos locales enfrentan una variedad de desafíos que tienen que ver con temas internos y externos, tales como el fortalecimiento de la institucionalidad para la gestión ambiental, el crecimiento urbano ordenado, frenar la depredación de los recursos naturales y  el deterioro de la calidad ambiental y otros problemas ambientales críticos. Es por ello que es necesario que la municipalidad exponga a los vecinos, a través de legítimos mecanismos de participación ciudadana, las ventajas y desventajas de las futuras acciones que ésta desarrollará en la comunidad; de manera que facilite la argumentación ciudadana a través de su participación como un ejercicio para el desarrollo local, con el propósito mejorar la gestión ambiental de la municipalidad.

En la mayoría de casos, esto obliga a fomentar la participación ciudadana, regular la gestión ambiental mediante ordenanzas, encausar la expansión urbana de modo armonioso con los entornos rurales, elevar la conciencia de todos para el uso sostenible de  los recursos naturales y el establecimiento de agendas ambientales para periodos  concretos. En cuanto a necesidades, destacan la concertación con los gobiernos regionales y el gobierno nacional sobre las condiciones mínimas para el desarrollo sostenible y una vida digna, la definición de los niveles de autoridad y de roles específicos, la formulación de planes estratégicos, el incremento de las inversiones ambientales, entre otros.

Las normas, regulaciones, leyes y los órganos que las manejan, forman el marco institucional y a la vez la estructura en que se basa la gestión ambiental municipal con respecto a los recursos naturales y los servicios ambientales. De esta manera, los diversos actores interesados en dichos servicios o en la problemática alrededor del medio ambiente pueden ser capaces de usufructuar,  administrar y gestionar servicios asegurando la sostenibilidad de los recursos naturales e incluso estableciendo mejoras en el medio ambiente.

Las municipalidades encargadas de implementar los mecanismos, para ese efecto, son también conscientes que además es necesario desplegar mecanismos de participación de los actores en la planificación y en los procesos de toma de decisiones, la supervisión, la auditoría ambiental auditada por terceros, la rendición de cuentas y la responsabilidad pública y social.

Se trata entonces de conjugar todos esos mecanismos en la gestión ambiental municipal con el objeto de obtener una mejor gobernabilidad, transparencia y equidad en la gestión ambiental municipal.

Los gobiernos municipales como actores centrales en la gestión de los recursos naturales del territorio de su jurisdicción y en la resolución de los conflictos ambientales, requieren desempeños asertivos sobre el manejo de los recursos naturales y el medio ambiente. A su vez, los desempeños deben tener como base, capacidades y competencias en todo nivel de la organización y estructura municipal para poder asegurar de mejor manera la gobernabilidad frente a los recursos naturales, el desarrollo económico, la satisfacción de necesidades de la población, el bienestar y la mejora en el nivel de la calidad de vida de su población.

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LOS CONTRATOS-LEY

“Queremos advertir  que el término de la vigencia  de los contratos-ley está concluyendo,  por lo que es necesario hacer nuevos acuerdos  con nuevos parámetros,  en condiciones sujetas a nuestra realidad. Es necesario  que no solo las concesiones se den en el marco actual, sino en mejor posición para el Perú”.

José Salcedo

Presidente de IPMADES

 

Nada está tan lejos de nuestra intención de meternos en política; empero en el gobierno del presidente Fujimori se introdujo en la Constitución un dispositivo que permitió celebrar contratos de estabilidad jurídica con empresas extranjeras, y se aplicó un candado, (votación calificada, igual a dos tercios de los parlamentarios para modificar este dispositivo), que dio origen a los contratos-ley.

 No vamos a pronunciarnos sobre una situación fáctica que está consagrada en un dispositivo constitucional; sin embargo, es nuestro deber como peruanos significar que estos contratos aparejaban una serie de beneficios: desde incentivos para ampliar la inversión, exoneración de impuestos y granjerías que, es cierto, atrajeron la inversión internacional.

Desde luego no somos estatistas de modo alguno, creemos en el libre mercado. El tiempo de los beneficios que convencieran al capital internacional que éramos una oportunidad de inversión que necesitaba una seguridad superlativa jurídica, ya pasó. Somos un país que es foco de atracción de inversión para transnacionales o corporaciones extranjera de cualquier parte del mundo.

Nuestra economía se ha consolidado en estos más de diez años. No necesitamos contratos con cerradura. Somos una nación que va en subida; especie aceptada en el mundo financiero. Lo que solicitamos como peruanos es una mejor posición en los nuevos contratos, que nos den una mayor tajada en los negocios que se generen con nuestras riquezas; y en lo que respecta a nuestros fines: condiciones y técnicas de explotación modernas que reduzcan al máximo el impacto ambiental.

Debemos aprovechar el momento que vive el Perú para demandar una mayor proporción en la rentabilidad de las grandes corporaciones que invierten. Estamos en un régimen: el cuarto que respeta el estado de derecho, y ya no necesitamos cerrojos, sino una mayor autonomía y una cultura democrática para sentarnos en la mesa y que con transparencia nos tratemos de igual a igual con las empresas extranjeras.

Si hacemos este comentario es porque está imbuido de un espíritu generoso, pero intentando que  se entienda que no hay un prejuicio en nuestra sugerencia, sino, que está alumbrado de un contenido patriótico que permita una mayor rentabilidad para las arcas fiscales, una mayor protección ambiental y poder al más corto plazo, maximizar los recursos para nuestra guerra en pos de la inclusión social.

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DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL II

A INICIOS DEL SIGLO XX,  se producen nuevos conflictos  para el Perú en la frontera nortecon Ecuador y Colombia,  así como nuevas negociaciones con Brasil y Bolivia.

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Límites con Ecuador

Desde su nacimiento como repúblicas independientes a principios del siglo XIX, y hasta el año de 1998, los países de Ecuador y Perú sostuvieron la más larga disputa territorial y limítrofe en la historia moderna del hemisferio occidental, centrada en la posesión de amplios territorios y regiones ubicadas en la cuenca del Amazonas, la cordillera de los Andes y el litoral del Océano Pacífico. Su existencia provocó continuas escaramuzas de frontera, así como movilizaciones que desembocaron en guerras generalmente cortas.

Guerra de Zarumilla-Marañon (julio de 1941)

La Guerra peruano-ecuatoriana tuvo lugar entre 1941 y 1942. Ambas naciones están en completo desacuerdo sobre la forma en que se originó el conflicto: La versión peruana de los hechos es que tropas ecuatorianas, invadieron territorio de Zarumilla, lo que originó una batalla que se extendió hasta una zona denominada Quebrada Seca. La versión ecuatoriana es que Perú tomó como pretexto una serie de incidentes que se venían produciendo entre patrullas fronterizas de lado y lado para invadir a Ecuador, con la intención de forzarlo a firmar un acuerdo limítrofe que fije de manera clara la frontera entre ambos países.

El gobierno ecuatoriano suscribió el Protocolo de Paz de Río de Janeiro con la denominación de Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, el 29 de enero de 1942.

El Conflicto del Cenepa definido así por el Perú, ya que nunca hubo una declaración oficial de guerra, inició el 26 de enero de 1995 (llamada Guerra de Cenepa para Ecuador, por el nombre del río en cuya cabecera donde ocurrió el conflicto fronterizo).

Perú y Ecuador aceptan deponer las armas y el 17 de febrero de 1995, se firma en Brasil la Declaración de Paz de Itamaraty, que determina el retiro de las tropas de ambos países.

Los países integrantes (Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos), de acuerdo a la opinión de los expertos consultados, resolvieron que la demarcación de la frontera era estrictamente la establecida por el tratado de Río de Janeiro de 1942, que corre por las altas cumbres de la cordillera del Cóndor; y que la región de Tiwinza, de 2000 ha, pertenece a Perú, aunque se entrega 100 ha de Tiwinza como propiedad no soberana de Ecuador, por tratarse de un cementerío de guerra ecuatoriano, para realizar actos conmemorativos y no militares. A todo aquel que nazca en Tiwinza, además, se le considerará peruano, por cuanto sólo se le reconoce a Ecuador la propiedad privada de dicha área, pero no su soberanía.

Ecuador no ha efectivizado hasta el momento construcción alguna en dicha zona, porque Perú no ha construido la carretera de acceso a lo que se había comprometido. Asimismo, se resolvieron todas las controversias de interpretación del Protocolo de Río de Janeiro que habían impedido continuar con la instalación de los hitos, guardándose siempre una fidelidad estricta a dicho en el tratado.

El país vecino, además, logró el reconocimiento de su derecho a la libre navegación por el río Amazonas y sus afluentes septentrionales y un permiso para establecer dos embarcaderos comerciales en sus orillas. Además se establecieron los nuevos hitos en Cusumasa-Bumbuiza y Yaupi-Santiago (vecinos de Tiwinza), así como en el departamento de Loreto, en el sector de Lagartococha y el Güeppi. Finalmente, un parque binacional ecológico, aún por implementar, sería la representación de la paz entre ambos países

 

Límites con Colombia

El Tratado Salomón-Lozano fue un tratado de límites firmado el 24 de marzo de 1922 que puso fin a un litigio territorial de casi un siglo entre Colombia y Perú. Este tratado fue aprobado por los congresos de las dos naciones, ratificado por los presidentes de ambos países, en Bogotá el 24 de marzo de 1922, e inscrito en la secretaría de la Sociedad de Naciones el 29 de mayo de 1928. El tratado fue obra del plenipotenciario de Colombia, Fabio Lozano Torrijos, y  Alberto Salomón de Perú.

Mediante este tratado el Perú cedió a Colombia toda la franja entre los ríos Caquetá y el Putumayo, perdiendo alrededor de 100.000 kilómetros cuadrados de territorio que le pertenecía por el uti possidetis jure de 1802, en donde inclusive se había fundado asentamientos peruanos en los puertos de Tarapacá y Puerto Arica, fundados por colonos provenientes de antiguos territorios peruanos del mismo nombre perdidos en la Guerra del Pacífico. El tratado incluyó una porción entre el Putumayo y el Amazonas llamado “Trapecio Amazónico” con el único fin de otorgar a Colombia una salida propia al Amazonas.

 

Límites con Bolivia

La frontera con Bolivia fue delimitada también por  los tratados de Demarcación de Fronteras entre Perú y Bolivia, el 23 de setiembre de 1902  y el Tratado de Rectificación de Fronteras entre Perú y Bolivia firmado el 17 de setiembre de 1909;  y el Protocolo firmado en La Paz el 2 de junio de 1925 y el Protocolo Ratificatorio firmado en La Paz el 15 de enero de 1932.

Límites con Brasil

El territorio peruano se extendía desde las nacientes del río Yavarí a lo largo del 7° de Latitud Sur hasta la vaguada del río Madera que servía de frontera con Brasil. Sin embargo, entre 1867 y 1909, todo el territorio del Acre pasó al Brasil sin librarse batalla. Los presuntos derechos de Brasil sobre esa extensa zona se remontan a que, en 1867, el presidente boliviano Mariano Melgarejo había cedido por el Tratado de Ayacucho territorios peruanos y lo hizo nuevamente en 1889, luego de una larga disputa que duró casi 30 años. Desde entonces Brasil quiso hacerse por la fuerza de dichas tierras, deseando extenderse inclusive hasta el río Purús y el río Yarúa.

 

En noviembre de 1904, la guarnición de Amuheya se rindió ante fuerzas brasileñas superiores después de dos días de combates. Considerando imposible defender militarmente la región, la pérdida peruana se hizo efectiva por el Tratado Velarde-Río Branco de 1909 y un recorte territorial complementario se fijó con el Tratado Polo-Sánchez Bustamante que se llevó a cabo con Bolivia, también de 1909.

Estos sucesos terminan por configurar la demarcación de las fronteras del Perú en forma definitiva y completa  ya que el Perú actual no tiene reclamación pendiente alguna con ninguno de sus vecinos, excepto el límite marítimo con la República de Chile, el cual se encuentra en litigio en la Corte Internacional de la Haya.

 

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SNIP APROBARÁ PROYECTOS “VERDES”

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Una herramienta con una perspectiva ambiental es lo que requiere el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y por la cual vienen  trabajando en conjunto los ministerios de Ambiente y Economía. 

Hasta el momento, si bien el MEF ya ha incorporado la variable de cambio climático en el SNIP, el concepto de proyecto verde implica mucho más que ello, “ya que el objetivo de esta iniciativa es que se aprueben proyectos que tengan un enfoque de sostenibilidad de los recursos naturales, que permita considerar al capital natural como parte de una inversión”, declaró el director general de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural del MINAM, Roger Loyola. 

El funcionario comentó también que el avance de esta iniciativa es muy bueno y, en el mejor de los casos, se tendría lista para el primer semestre del 2013. 

Adicionalmente a este esfuerzo, Loyola comentó que se está trabajando con el MEF la elaboración de un PBI verde. 

Por otra parte, la directora general de Investigación e Información Ambiental del MINAM, Ana Sabogal, informó que recientemente se ha iniciado la elaboración de un proyecto denominado Ciclo de Vida, el cual tiene como objetivo determinar que tan limpios son los procesos (productivos) de las diversas industrias.

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